Comentario Plan reducción drogas.

Fotografía tomada de: http://www.elespectador.com/

El Ministerio de la Protección Social expidió, a finales del pasado año, el Plan Nacional de Reducción del Consumo de Drogas 2009-2010, documento resultante del trabajo compartido de las personas y entidades que conforman la Comisión Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas. Visto desde la perspectiva de la gestión pública, este documento puede considerarse el pago de una deuda con el país, luego que desde el año 2006 se promulgó la Política Nacional para la Reducción del Consumo de Sustancias Psicoactivas y su Impacto. En la historia reciente del país ha sido evidente que el énfasis de la gestión pública se ha centrado en el tema de reducción de la oferta de sustancias psicoactivas explicado, en parte, por el impacto que el narcotráfico ha tenido en la vida social y económica del país, la presión internacional y una política que considera que la raíz del problema del consumo de sustancia psicoactivas está en su disponibilidad, más que en condiciones socioculturales y afectivas de la población, que propician el consumo.

Este documento -que en buena hora llega- está precedido, además, por la expedición del decreto 3039 del 2007 que sienta las bases para la incorporación de acciones de salud pública a cargo de los diversos actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ambas normas van en el sentido de propiciar que, en nuestro sistema de salud, se incorporen acciones de salud pública las cuales carecían de un apropiado escenario legal y político luego de la promulgación de la ley 100 de 1.993.

Entrando al tema específico del documento, puede encontrarse en él una propuesta operativa, la cual además de reconocer las condiciones objetivas en que se refleja el problema del consumo de sustancias en el país, plantea acciones dirigidas a reducir la incidencia y la prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en la población colombiana, al igual que indica algunas acciones para mitigar el impacto que el consumo tiene sobre el individuo y la sociedad.

El Plan fundamenta las acciones en las manifestaciones más claras del problema:

• La vulnerabilidad de la población al consumo (población en alto riesgo de consumir)
• La alta prevalencia de consumo de sustancias lícitas e ilícitas, con muestras de incremento en el tiempo, tanto en la prevalencia de consumidores como en la incorporación de nuevas sustancias. Acá cabe mencionar el interés del plan en la reducción del consumo de drogas lícitas, en especial alcohol y tabaco.
• La necesidad de incluir acciones de rehabilitación que no sólo apunten a cesar el consumo y eliminar la adicción, sino también la necesidad de reintegrar al consumidor en su medio social, laboral y familiar, libre de estigmas discriminatorios.

El plan está organizado en tres ejes operativos:

• Prevención del consumo de SPA
• Mitigación de las consecuencias del consumo de alcohol y otras SPA
• Superación de la dependencia

No entramos a discutir las bondades del Plan pues es evidente que su formulación recoge los principales retos que, sobre el asunto de la demanda de consumo de sustancias psicoactivas, se pudieron identificar en la ronda de consultas que se hicieron en todo el territorio nacional. Por tanto, un plan que parta de problemas específicos y busque soluciones consensuadas tiene los méritos suficientes para reconocer su validez. Simultáneamente, al entrar en consonancia con el decreto 3039, el cual incorporó dentro de las prioridades de promoción de la salud mental el problema de consumo de sustancias, este plan asume una base normativa apropiada. Parte de reconocer que nuestro contexto cultural está plagado de una serie de representaciones sociales que promueven el uso problemático del alcohol y otras sustancias psicoactivas, lo cual dificulta la incorporación de estilos de vida saludables; el reto gigante es el de modificar estos referentes culturales, sus representaciones simbólicas y sus prácticas rituales, hasta llegar a una sociedad en donde se movilicen redes sociales que protejan a la sociedad de estas prácticas. Un ejemplo reciente tiene que ver con las profundas transformaciones que el consumo de tabaco ha tenido en la sociedad: desde una total permisividad hasta su regulación no sólo legal sino ciudadana, que ha logrado ubicar a esta práctica en el terreno de lo no deseable.

Lo que aun no está garantizado en un plan con una vida esperada tan corta (2009/2010), es lo que tiene que ver con el acceso a los servicios de atención a pacientes dependientes. Son de todos conocidas las limitaciones en cuanto a cobertura, financiación y efectividad de los servicios de atención a drogadictos, lo cual nos lleva a dudar si, en un plazo tan corto, es posible lograr importantes coberturas de atención en servicios de reconocida eficacia, máxime cuando el plan no asigna recursos financieros para este fin.

La invitación es a que, bajo los lineamientos del Plan, se logre que las direcciones territoriales de salud -con el apoyo de otros sectores públicos, organizaciones no gubernamentales y la comunidad- inicien un proceso de reflexión y movilización hacia las metas del plan. Debemos tener la convicción de que las dificultades que rodean la factibilidad de un plan reconocido como válido, pertinente y necesario no pueden ser un argumento para quedarnos en el actual status quo. En algún momento hay que dar el primer paso y, dependiendo de hacia dónde nos dirija, con seguridad cada momento estaremos acercándonos a metas de gran impacto social.

El proyecto de Red Formemos y sus instituciones vinculadas creemos en el futuro del país y asumimos con solidaridad y compromiso social el papel que nos corresponde en esta tarea.

Álvaro Olaya